Los límites a la libertad condicional coartan los principios de progresividad e igualdad

Abstract

Desde la Edad Media hasta nuestros días, tanto el Derecho Penal como su brazo ejecutor, el aparato punitivo, han evolucionado en un sentido progresista, que mira más por los derechos del reo, apuesta por medidas menos aflictivas, y centra su mirada en la reinserción y no así en la simple retribución del mal cometido. Las revoluciones liberales de mediados del siglo XVIII y la labor intelectual encabezada por autores como Beccaria, Montesquieu, y Jeremy Bentham, sentaron un nuevo paradigma sobre cómo debemos entender la pena privativa de libertad, esto es, como una herramienta estatal que tiene como objetivo principal reinsertar al reo, principal protagonista del sentido del sistema penitenciario. Uno de los principios penitenciarios esenciales (y también un derecho del reo) es el principio de progresividad, que encuentra su utilidad en plasmar una modulación de la pena adecuada a las necesidades de cada interno. Vulnerar este principio, no sólo es injusto por atentar directamente contra la libertad del propio recluso, sino que es ineficiente para la labor penitenciaria. Un uso incorrecto de esta herramienta, la modulación de la pena, entorpece el trabajo del equipo técnico encargado de reinsertar al interno. El artículo 56 bis de la Ley 24.660 de Ejecución de la pena privativa de la libertad, introducido por la Ley 27375/2017, es un claro ejemplo de esto. En este sentido, el presente trabajo permite evidenciar que no permitir a ciertos internos acceder a los beneficios penitenciarios, como el acceso a la libertad condicional, no sólo atenta directamente contra el principio de igualdad recogido en el artículo 16 de la Constitución Nacional, sino que niega la posibilidad de modular la pena a determinados reclusos, vulnerando así el constitucional y convencionalmente reconocido principio de progresividad.