La aplicación de la ley ESI: 26.150

Abstract

Con motivo de la sanción de la ley 26.150 o ley ESI, y su aplicación obligatoria en todas las instituciones educativas, han surgido diversas problemáticas. La Ley de Educación Sexual Integral establece que en todas los establecimientos educativos del país, en todos los niveles educativos de la Nación se deberán incorporar dentro de los contenidos curriculares los saberes propios sobre la incumbencia de las temáticas referidas a la sexualidad, de manera integral que abarque no solo la genitalidad sino también lo inherente a la forma en que el sujeto, en este caso el alumno o su entorno se percibe sexualmente, y entendiendo la forma en que él percibe la sexualidad. Tanto los progenitores como las instituciones entienden que el planteo por parte del Estado en la obligatoriedad e inclusión de contenidos de carácter sexual interfiere en sus propias convicciones, alterando sus propias creencias. El problema que se propone analizar es si la aplicación de la ley N° 26.150 del año 2006, la cual tiene como cometido que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir educación sexual integral (ESI) en los establecimientos educativos, y que reafirma la responsabilidad del estado de proteger sus derechos, violaría el derecho de los padres de educar a sus hijos, regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación, dentro de la responsabilidad parental. En orden a la responsabilidad parental, los padres están obligados a reconocer la capacidad progresiva de los menores, considerando y tratando a sus hijos como personas titulares de derechos que aseguren su mejor desarrollo. Al aplicar la ley ESI, de manera obligatoria en los colegios, se les está brindando un tipo de información y de educación sexual a los niños que puede no estar de acuerdo con aquella que quieran brindarle sus padres en el ejercicio de su responsabilidad parental. El presente trabajo comprende la investigación de las distintas instituciones, como lo es la familia y la escuela, la importancia de la intervención del estado, y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para poder llegar a la solución del conflicto que surge de la aplicación de la ley ESI. En el desarrollo del trabajo se puede observar la falta de consistencia de la postura de los padres, ya que la normativa que ellos utilizan para justificar su postura, son las mismas que se utilizan en favor de los derechos de los niños, debiendo contribuir a su desarrollo personal y no pudiendo limitar su acceso a información. La educación sexual deberá ser integral, y es a través de la ley que el Estado garantiza a todos los alumnos del país que puedan acceder a la misma.