Análisis normativo sobre la inaplicabilidad de la Ley de Ejecución de la Pena. La ley 24.660 y la modificación de la normativa 27.375 : ámbito del servicio penitenciario federal argentino ante causas de corrupción y narcotráfico

Abstract

A través del trabajo se realiza un estudio respecto de la situación contemporánea de las personas que se encuentran privadas de la libertad. En tanto, el objeto es aquellos que se encuentran en tal situación por delitos de corrupción (exfuncionarios estatales y del ámbito empresarial) y narcotráfico (lideres de importantes organizaciones criminales). La complejidad de esto es que se trata de personas profesionales que cuentan con niveles de estudios universitarios y/o con un gran poder adquisitivo, situaciones que implican no poder llevar a cabo lo prescripto en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, Ley N° 24.660. El objetivo de este trabajo es enfatizar la importancia de la etapa de la ejecución de la pena y apreciar aquellos casos en los que se incurre en inaplicabilidad, instante en donde la coerción estatal se manifiesta con mayor peso. Así, en esta fase deben respetarse con la misma intensidad los derechos y garantías del condenado, haciéndose foco en lo concerniente a la ley 24.660/1996, estableciéndose un régimen garantista para los condenados y procesados. En base a lo expuesto, se tendió a destacar las necesidades de contar con una efectiva aplicación de la normativa vigente, elemento que conllevará al uso y goce, por parte del condenado, de los derechos y garantías que le son propios en relación con lo aquí mencionado. De ese modo, se pretendió considerar que existen ciertos aspectos de relevancia a la hora de instaurar ello, generándose inicialmente determinada problemática en lo concerniente a la ejecución de la pena, requiriéndose luego una formulación de la política criminal proveniente del Estado; complementariamente, será posible apreciar en lo por entonces considerado cierta revisión especializada con la finalidad de hacer que el sistema carcelario sea racional y adecuado, respetando los derechos de los condenados.