Análisis al fallo “RAMOS Sergio Omar, s/causa nº 36.298, RECURSO DE HECHO”, de la CSJN, de fecha 15/12/2015, que remite al dictamen del Procurador General de la Nación

Abstract

Este fallo aborda la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal para delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, según el artículo 67 del Código Penal. Busca armonizar esta suspensión con la garantía constitucional del "plazo razonable de duración de un proceso", el derecho de "defensa en juicio" y el principio de "igualdad ante la ley". El objetivo general es encontrar una solución interpretativa que valide constitucionalmente la suspensión del término de prescripción para delitos cometidos en el ejercicio de la función pública. Los objetivos específicos incluyen el estudio del origen de la prescripción penal, la interpretación del término "funcionario público", y la definición del "plazo razonable de duración de un proceso penal". También analiza la relevancia del tema, destacando la contradicción entre normas legales nacionales y supranacionales que protegen derechos en aparente oposición. El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), basado en el dictamen del Procurador General de la Nación, Dr. Eduardo Ezequiel Casal, sostiene que la suspensión del plazo de prescripción es necesaria para evitar la impunidad de delitos cometidos por funcionarios públicos. Sin embargo, la tesis argumenta que esta suspensión puede ser inconstitucional si no se armoniza con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. El trabajo revisa la historia y evolución del instituto de la prescripción penal, desde el derecho romano hasta su incorporación en el Código Penal Argentino. También se analiza la suspensión del cómputo de la prescripción para delitos cometidos por funcionarios públicos, introducida por la ley 16.648 de 1964 y ampliada por la ley 17.567 de 1968. Finalmente, se propone que la suspensión del plazo de prescripción debe ser interpretada de manera más laxa, considerando las circunstancias especiales de cada caso. Se sugiere que la inconstitucionalidad del artículo 67, inciso 2 del Código Penal debe ser declarada si no se puede demostrar que la ocupación de un cargo público ha afectado el trámite de la causa.