La sindicalización policial en Argentina : un camino hacia la consolidación de la democracia y la defensa de los derechos humanos

Abstract

A raíz de la problemática que se genera ante la prohibición a sindicalizarse la fuerza policial en Argentina es que el presente trabajo persigue analizar las normas nacionales e internacionales que devienen de tal discusión y colisionan unas con otras. El trabajo de un miembro de la fuerza policial es imperiosamente necesario en todo estado que se precie de tal. Exigirle a la fuerza policial cuidar a la población y lograr un buen desempeño en sus funciones conlleva forzosamente a formarlos dentro de un contexto de trabajo digno. En Argentina, los sindicatos policiales no están reconocidos legalmente. La Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, establece “organización libre y democrática”, pero en el caso de las fuerzas de seguridad, la Ley Nacional de Asociaciones Profesionales de Personal Policial y Penitenciario (Ley 23.551), la Ley 21.965 (Policía Federal Argentina) y la Ley 13.982 de la Provincia de Buenos Aíres y su decreto 1050/09, prohíben al personal policial participar en actividades políticas, o gremiales. La razón principal detrás de esta prohibición es evitar que los sindicatos policiales tengan la capacidad de hacer huelgas y otras formas de acción sindical que puedan poner en riesgo la seguridad pública. Además, se cree que los sindicatos policiales podrían afectar negativamente la disciplina y jerarquía en las fuerzas de seguridad. La Constitución tutela el derecho que tienen todos los trabajadores a conformar un gremio. Entonces, ¿por qué el personal policial no puede ejercer ese derecho? ¿Por qué excluirlos de ese derecho como trabajadores? ¿El personal policial no se encuentra amparado por el derecho laboral? ¿Existe realmente una ley especial que les prohíba la sindicalización? Se pretende en la presente investigación realizar un análisis en relación a las diversas posturas, debates y discusiones a los fines de hallar respuestas a los interrogantes planteados y determinar si se afectaría o no algún derecho al negarles la sindicalización, dejando una puerta abierta para futuras investigaciones.