Autonomía presupuestaria y seguridad pública : situación en alcaidías y comisarías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Abstract

La presente investigación se inscribe en el campo del Derecho constitucional y del Derecho administrativo federal, y tiene por objeto analizar un conflicto interjurisdiccional concreto que involucra la distribución constitucional de competencias y recursos entre el Estado nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina). La hipótesis principal que guía el desarrollo del trabajo sostiene que: La conducta asumida por el Estado Nacional, consistente en la restricción unilateral de cupos penitenciarios federales respecto de personas privadas de libertad provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituye una alteración ilegítima del régimen de distribución de competencias y una vulneración del principio de correspondencia entre funciones y recursos consagrado en el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional, afectando de manera directa la autonomía presupuestaria de la Ciudad. La cuestión no se limita a un conflicto operativo o administrativo en materia penitenciaria, sino que involucra dimensiones estructurales del sistema federal argentino: la vigencia del federalismo de concertación, la fuerza normativa del derecho intra-federal, la garantía constitucional de la autonomía financiera de las jurisdicciones locales y el alcance jurídico de los convenios interjurisdiccionales celebrados entre la Nación y la Ciudad. El problema adquiere especial relevancia a partir del año 2020, cuando el Servicio Penitenciario Federal restringió el ingreso de personas detenidas provenientes del territorio de la Ciudad, generando una sobrepoblación en comisarías y alcaidías locales y obligando al Gobierno de la Ciudad a reasignar partidas presupuestarias para asumir funciones que —conforme el diseño normativo vigente— corresponden al Estado Nacional. El recorrido efectuado a lo largo de los capítulos permite afirmar que la hipótesis formulada queda confirmada: la omisión federal en el cumplimiento de sus funciones propias genera una afectación directa e indirecta de la autonomía institucional y presupuestaria de la Ciudad, vulnerando principios estructurales del orden constitucional